Antes quiero decir que vengo a apoyar al campo argentino y al campo chaqueño, provincia de la que soy oriundo.
En reuniones mantenidas con los productores autoconvocados de mi provincia y con las entidades que representan al sector agropecuario, manifestaron su contrariedad con el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional y con aportes concretos nos demostraron la falsa y excesiva rentabilidad que se pretende argumentar desde el gobierno nacional.
Por eso estamos convencidos que el ámbito parlamentario es el marco justo para el debate sobre las políticas a seguir en la materia. Me refiero a políticas en serio y no a la mera ratificación de actos administrativos en flagrante contradicción con las normas constitucionales.
Llegó la hora de impulsar una nueva forma de hacer política y esa forma es la consolidación diaria de la actividad política, de hacer todos los días lo que corresponde en articulación con los sectores involucrados. Si no, se producen situaciones sin solución como la actual, donde pareciera que hay que esperar hasta el año 2009 y que las Cámaras del Congreso cambien su integración para poder fortalecer la calidad institucional de este alto cuerpo.
Sin perjuicio de las argumentaciones expuestas y a fuerza de ser reiterativo fundo mi opinión en los siguientes ejes:
1- VALIDEZ CONSTITUCIONAL DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL PODER EJECUTIVO NACIONAL.
El Poder Ejecutivo Nacional remite al Honorable Congreso de la Nación el Expediente Nº 0013 por el cual se pretenden ratificar las Resoluciones del Ministerio de Economía Nº 125 y sus modificatorias haciendo un esfuerzo por insistir nuevamente en la aplicación de las retenciones móviles a la exportación.
Pero además ratifica expresamente en el artículo 2º la delegación de facultades legisladas por el artículo 755 de la Ley 22.415, Código Aduanero.
En efecto: pedirle al Congreso de la Nación que ratifique la Resolución 125 fundada en leyes del último gobierno de facto, como también la continuidad en el ejercicio de las facultades delegadas al Ejecutivo por el Código Aduanero, en clara violación a lo dispuesto en los artículos 17, 36, 75 inc.1º, 76, 99 inc.3º y 100 inc.12 de nuestra Ley Fundamental, revelan que se desconoce principios fundamentales del sistema democrático y republicano vigente en nuestro país.
En primer lugar, destaco que haber remitido este proyecto de ley importa admitir y reconocer que el Ejecutivo y sus ministros usurparon competencias constitucionales indelegables del Congreso al tiempo de dictarse las Resoluciones cuya ratificación se requiere y cuya vigencia se mantiene. Una actitud elementalmente coherente y de buena fe debió llevar a la Presidenta a dejar previamente sin efecto todas estas disposiciones que ahora pide sean ratificadas por el Parlamento.
En segundo término, se solicita al Congreso una tarea imposible y detestable: que ratifique normativas sancionadas por la última dictadura militar como es el Código Aduanero (ley 22.415 de marzo de 1981). Tarea imposible porque no puede ratificarse lo jurídicamente inexistente. Dicho Código y en especial el art.755 del mismo es nulo de nulidad absoluta e insanable, conforme lo dispone la Constitución Nacional reformada en 1994, que prescribe en el primer párrafo del art. 36 que todos los actos contra el orden institucional y el sistema democrático son insanablemente nulos.
Por otro lado, el requerimiento que este proyecto hace al Congreso para que convalide facultades delegadas al Presidente por este art.755 del Código de la dictadura, como también el Decreto del Ejecutivo Federal que en 1991 delegó a su vez estas facultades en su Ministro de Economía, revela que la Presidenta desconoce la Constitución y el sistema democrático.
Por otro lado, el proyecto de ley sobre retenciones afecta a la coparticipación federal, violando lo dispuesto en la cláusula transitoria 6ª de la CN, que prescribe que “no podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de esta reforma”. Las retenciones y el incremento de sus alícuotas disminuyen la masa coparticipable en relación al impuesto a las ganancias, en perjuicio de los estados provinciales.
Por otro lado, el proyecto de ley sobre retenciones afecta a la coparticipación federal, violando lo dispuesto en la cláusula transitoria 6ª de la CN, que prescribe que “no podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de esta reforma”. Las retenciones y el incremento de sus alícuotas disminuyen la masa coparticipable en relación al impuesto a las ganancias, en perjuicio de los estados provinciales.
Desde el derecho de la integración regional, estas retenciones afectan el Tratado de Asunción que dio nacimiento al MERCOSUR, cuyo artículo primero dispone la eliminación de los derechos aduaneros, que incluyen tanto los derechos de importación como los de exportación. Las retenciones cuestionadas, además de confiscatorias, restringen la circulación de mercaderías dentro del MERCOSUR, afectando el “mercado único” sustento de esta integración. La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, en el caso “Sancor” estableció este criterio jurisprudencial en septiembre de 2006, declarando que el Tratado de Asunción no admite los derechos de exportación intrazona.
2- TRATAMIENTO DE LAS RETENCIONES EN SI MISMAS
El sector agrícola, y una gran parte de los argentinos, con gran acierto, rechazan las medidas por tratarse de herramientas que bajo una pretensión de regulación extrafiscal, ocultarían el objetivo primordial de alimentar la voracidad recaudatoria de un Estado que no vuelca los ingresos en el sector productivo.
Los hechos recientes han puesto en evidencia, un desacierto social sin precedentes, un acto de irresponsabilidad económica grave y una lesión del sistema democrático desafortunada; todo ello, ligado al aprovechamiento por parte de uno de los poderes del Estado de una herramienta tributaria legítima que le fuere ilegítimamente delegada, y llevada a su vez, a un límite de al menos cuestionable validez constitucional.
Por ello nuestra propuesta es suspender las resoluciones del Ministerio de Economía y Producción Nº125/2008 y modificatorias, y en el plazo de 150 días debatir y elaborar con la intervención de todos los sectores productivos del país, entidades y productores, un Programa de Desarrollo Nacional Agropecuario que comprenda a los cereales, carnes, lácteos, oleaginosas y signifique el fortalecimiento de las economías regionales.
Entendemos que esta propuesta es más razonable que el burocrático sistema de compensaciones, con el que pretende el bloque oficialista flexibilizar el proyecto del PEN.
3- SITUACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CHACO
Nuestra representación política deviene de la voluntad de los ciudadanos que nos han votado para defender sus legítimos intereses, en consecuencia Sr. Presidente debo recepcionar y procesar las demandas sociales de mi provincia y dar una respuesta legislativa acorde.
La Provincia del Chaco, que como toda la República Argentina, en las ultimas décadas del Siglo XX manifestó importante cambios en su estructura productiva y, la producción sojera pasó a ser una alternativa para los pequeños y medianos productores que vieron quebrantada su economía como consecuencia de las constantes crisis que debió sortear el algodón, la mas importante producción en la historia agraria chaqueña. Dan cuenta de lo que expresamente estoy manifestando estudios especiales realizados por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), por el INTA y por la Facultad de Agronomía de la UBA, los que pueden ser consultados.
Y además, en reuniones que mantuviéramos con los productores autoconvocados de mi Provincia y con las entidades que representan al sector agropecuario manifestaron su contrariedad al proyecto del Ejecutivo Nacional, y con aportes concretos nos demostraron de la falsa rentabilidad excesiva que se pretende argumentar desde el Gobierno Nacional.
Con este proyecto de retenciones del PEN, más el incremento en fletes por el transporte, más el servicio de cosecha, más los gastos en insumos, y otros costos, al productor chaqueño no le queda margen de rentabilidad alguna.
Por eso Señor Presidente estamos convencidos que el ámbito parlamentario es, el marco justo para el debate sobre las políticas a seguir en la materia, políticas en serio y no la mera ratificación de actos administrativos en flagrante contradicción con las normas constitucionales.
Llegó la hora de impulsar una nueva forma de hacer política, y esa forma es la consolidación diaria de la actividad política, de hacer todos los días lo que corresponde en articulación con los sectores involucrados, sino se producen situaciones sin solución como la que estamos ahora, donde parecería que hay que esperar hasta el 2009 y que cambien su integración las Cámaras de Congreso para poder fortalecer la calidad institucional de este alto cuerpo.
Por las razones expresadas es que adelanto mi voto negativo al Proyecto impulsado por el oficialismo.
2- TRATAMIENTO DE LAS RETENCIONES EN SI MISMAS
El sector agrícola, y una gran parte de los argentinos, con gran acierto, rechazan las medidas por tratarse de herramientas que bajo una pretensión de regulación extrafiscal, ocultarían el objetivo primordial de alimentar la voracidad recaudatoria de un Estado que no vuelca los ingresos en el sector productivo.
Los hechos recientes han puesto en evidencia, un desacierto social sin precedentes, un acto de irresponsabilidad económica grave y una lesión del sistema democrático desafortunada; todo ello, ligado al aprovechamiento por parte de uno de los poderes del Estado de una herramienta tributaria legítima que le fuere ilegítimamente delegada, y llevada a su vez, a un límite de al menos cuestionable validez constitucional.
Por ello nuestra propuesta es suspender las resoluciones del Ministerio de Economía y Producción Nº125/2008 y modificatorias, y en el plazo de 150 días debatir y elaborar con la intervención de todos los sectores productivos del país, entidades y productores, un Programa de Desarrollo Nacional Agropecuario que comprenda a los cereales, carnes, lácteos, oleaginosas y signifique el fortalecimiento de las economías regionales.
Entendemos que esta propuesta es más razonable que el burocrático sistema de compensaciones, con el que pretende el bloque oficialista flexibilizar el proyecto del PEN.
3- SITUACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CHACO
Nuestra representación política deviene de la voluntad de los ciudadanos que nos han votado para defender sus legítimos intereses, en consecuencia Sr. Presidente debo recepcionar y procesar las demandas sociales de mi provincia y dar una respuesta legislativa acorde.
La Provincia del Chaco, que como toda la República Argentina, en las ultimas décadas del Siglo XX manifestó importante cambios en su estructura productiva y, la producción sojera pasó a ser una alternativa para los pequeños y medianos productores que vieron quebrantada su economía como consecuencia de las constantes crisis que debió sortear el algodón, la mas importante producción en la historia agraria chaqueña. Dan cuenta de lo que expresamente estoy manifestando estudios especiales realizados por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), por el INTA y por la Facultad de Agronomía de la UBA, los que pueden ser consultados.
Y además, en reuniones que mantuviéramos con los productores autoconvocados de mi Provincia y con las entidades que representan al sector agropecuario manifestaron su contrariedad al proyecto del Ejecutivo Nacional, y con aportes concretos nos demostraron de la falsa rentabilidad excesiva que se pretende argumentar desde el Gobierno Nacional.
Con este proyecto de retenciones del PEN, más el incremento en fletes por el transporte, más el servicio de cosecha, más los gastos en insumos, y otros costos, al productor chaqueño no le queda margen de rentabilidad alguna.
Por eso Señor Presidente estamos convencidos que el ámbito parlamentario es, el marco justo para el debate sobre las políticas a seguir en la materia, políticas en serio y no la mera ratificación de actos administrativos en flagrante contradicción con las normas constitucionales.
Llegó la hora de impulsar una nueva forma de hacer política, y esa forma es la consolidación diaria de la actividad política, de hacer todos los días lo que corresponde en articulación con los sectores involucrados, sino se producen situaciones sin solución como la que estamos ahora, donde parecería que hay que esperar hasta el 2009 y que cambien su integración las Cámaras de Congreso para poder fortalecer la calidad institucional de este alto cuerpo.
Por las razones expresadas es que adelanto mi voto negativo al Proyecto impulsado por el oficialismo.
